El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, aseguró que el decreto emitido por el Ejecutivo para regular la venta de combustible búnker, destinado a los remolcadores y exento de impuestos, no altera las condiciones de competencia en el mercado interno de combustibles.
Giménez explicó que el decreto, promulgado a finales de junio, busca organizar la venta de este combustible específico, conocido como búnker, que representa el 5% del volumen total de combustibles y se utiliza para abastecer a los remolcadores.
El objetivo de esta medida es mejorar el control y prevenir posibles evasiones fiscales dentro del sector. “Algunos importadores estaban introduciendo el combustible búnker, sin pagar impuestos, para remolcadores, pero en realidad lo vendían en el mercado interno, lo que constituye una evasión”, explicó el ministro.
Para evitar estas prácticas, el decreto establece que el combustible búnker importado a Paraguay solo puede ser cargado en puertos con la infraestructura adecuada. Esto, según Giménez, facilitará el control sobre su uso y evitará que se distribuya incorrectamente.
El decreto se originó en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que detectó discrepancias entre el volumen de combustible importado para remolcadores y el volumen declarado como cargado. “La DNIT, con el fin de combatir la evasión, establece que el combustible exento de impuestos debe cargarse en lugares con infraestructura adecuada para un mejor control”, detalló Giménez.
El ministro aclaró que la medida no obliga a ninguna empresa a invertir en nueva infraestructura, ya que el negocio del búnker involucra a pocos actores, específicamente cuatro grandes empresas.
Giménez también abordó las preocupaciones expresadas por una empresa líder del sector, Shell, cuyo representante sugirió que el decreto podría favorecer a la petrolera estatal Petropar. “Es importante separar el contexto de la recuperación de Petropar de esta medida específica”, afirmó, subrayando que el Ministerio de Industria y Comercio vela por mantener condiciones de competencia justas y legales.
“La preocupación del MIC es asegurar que las empresas compitan en un entorno justo y legal, sin distorsiones en la dinámica de competencia”, concluyó el ministro.
