El Poder Ejecutivo promulgó la ley que amplía los avales del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) hasta el 90% de los créditos, pero el proyecto excluyó la posibilidad de volver a fondear a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con préstamos internacionales. En caso de una demanda extra de recursos, se deberán reasignar partidas presupuestarias de los fondos de emergencia del gobierno.
El Fogapy tiene hasta el momento una ejecución del 29% sobre los US$ 112 millones que tiene disponibles. No obstante, la idea es que la concesión de créditos se acelere con esta modificación de la ley, con lo que se debería llegar al tope de la capacidad del instrumento en poco tiempo.
Desde el Ministerio de Hacienda han manifestado en varias ocasiones que todo el dinero del fondo de emergencias ya tiene un destino y que no sobrará dinero. José Maciel, titular de la AFD aseguró que no faltarán recursos para el Fogapy, y que ya se encuentran trabajando en conjunto con la cartera de Hacienda para ver desde dónde se podrían reasignar los recursos en caso de que sea necesario.
Maciel indicó que inclusive existe la posibilidad de modificar el presupuesto asignado al Fideicomiso para Salarios o Capital Operativo (Fisalco), también administrado por la AFD, para poder otorgar un nuevo fondeo al Fogapy.
“Se excluyó la posibilidad de sacar un préstamo internacional, pero igual se le autorizó al Ministerio de Hacienda a capitalizar al Fogapy hasta US$ 276 millones. Siempre hay la posibilidad de que Hacienda reasigne recursos de la ley de emergencia, inclusive desde el Fideicomiso. Hay dinero, lo que temen es que más adelante falte el dinero para la salud”, indicó.
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA
También dijo que con esta modificación de la ley, no solamente se estableció la posibilidad de elevar hasta el 90% los avales del Fogapy, sino que también se eliminó la exigencia de un proceso judicial para ejecutar las garantías. Es decir, el banco, financiera o cooperativa ya no tendrá la necesidad de demandar al cliente moroso para poder cobrar la garantía estatal, con lo que la incertidumbre es menor.
A través de esto, lo que se busca es que los análisis de riesgo se vuelvan todavía más laxos y que más Pymes puedan acceder a los préstamos. “La ley original del Fogapy establecía que para poder ejecutar la garantía, la institución financiera debía iniciar una demanda judicial. Con la modificación eso se elimina y lo que se pide es una morosidad de mínima de 6 meses, pero ya no hace falta terminar un proceso judicial. Eso hace que las entidades tengan más certeza de que se va a otorgar la garantía”, explicó.
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