Javier P., un informático con un puesto de alta responsabilidad, admite que no puede entender cómo su hijo, estudiante de 4º de ESO, elude el control parental para pasar más tiempo jugando en su móvil.
Teresa A., empresaria, ha realizado varios cursos sobre controles parentales y ciberseguridad para monitorear la actividad online de su hija de 14 años. “Es difícil exigir responsabilidad a los niños con aplicaciones diseñadas para ser adictivas”, comenta.
Nacho, un comercial, lucha diariamente para regular el uso de Instagram y TikTok de su hija de 16 años. “Cuando seas mayor, te pondré Family Link para que sepas lo que sufro”, le dice su hija en serio.
Estos casos reflejan que los controles parentales actuales son complicados y tienen fallas. La nueva ley que prepara el Gobierno exigirá a los fabricantes incluir controles parentales sencillos en los dispositivos. También establecerá nuevas figuras penales para proteger a los menores del acceso a contenido inapropiado y las ultrafalsificaciones con IA. Además, aumentará la edad para consentir el tratamiento de datos personales de 14 a 16 años, necesario para registrarse en redes sociales.
“La ley tiene buenas intenciones, pero será difícil de aplicar. Los padres no somos nativos digitales; nos cuesta manejar nuestros dispositivos, menos aún controlar los de nuestros hijos”, dice Nacho.
Aunque la hija de Nacho no es adicta a la tecnología, se irrita cuando le restringen el tiempo en su móvil. “Preferiría pasar horas en Instagram. Ya no hablan por teléfono ni WhatsApp, lo hacen por Instagram”, explica Nacho, admitiendo que su hija domina la tecnología mejor que él. “Hace presentaciones en PowerPoint que yo no podría igualar. Supongo que eso es lo bueno de su generación”, concluye.
